Esta nueva Ley de La vivienda, que se ha hecho sin consultar a las Comunidades Autónomas, que les afecta ni a los expertos en Vivienda, tiene dos patas fundamentales:

  • El acuerdo incluye que se les pueda subir el IBI hasta el 150% a las viviendas no ocupadas para que los caseros no las tengan vacía.
  • Normas de control de precios para limitar el precio de los alquileres en las zonas en las que los precios están disparados.

Ambas quedan en manos ajenas a las del Gobierno, el control de precios, en manos de las Autonomías y Ayuntamientos.
La Autonomía tendrá que pedir que se la declare como zona tensionada: es por tanto el gobierno autonómico el que tiene que pedir esa declaración que surtirá efectos contractuales y fiscales.
A partir de ahí, es esa autonomía la que puede aplicar la obligación a las personas físicas de prorrogar los contratos (solo podrán subir una vez vencidos lo que suba el IPC) y a las personas jurídicas la opción de prorrogar el contrato. Si no lo hacen, eso quedará vinculado a un índice de precios que previsiblemente va a ser más bajo que el del mercado.

La norma establece, además, un juego de deducciones fiscales que pretende empujar los precios a la baja.
El objetivo claro es incentivar la bajada de precio del arrendamiento.Todo, por lo tanto, va a quedar en las manos de las autonomías. Los ayuntamientos decidirán si suben el IBI al 150%

  • Los propietarios que rebajen el precio de sus inmuebles podrán desgravar hasta un 90% de sus ingresos en su declaración de la Renta.
  • Si suben el precio del alquiler, perderán automáticamente esa desgravación.

La segunda pata de esta nueva ley será la que permite a los ayuntamientos gravar el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Para que te puedan recargar el IBI hasta un 150%, es decir, para que te puedan cobrar más del doble de lo que pagas, lo tiene que solicitar el ayuntamiento y cumplir una serie de requisitos que irán incrementando progresivamente ese gravamen.
Para ello tienes que tener cuatro viviendas vacías o más y ese recargo es incremental.

  • El 50% es potestativo del ayuntamiento.
  • El siguiente tramo del 50% sólo podrá cobrarse a quien tenga una vivienda que lleve más de 2 años vacío
  • Y el 50% adicional sólo podrá cobrarse si se tienen más de dos viviendas vacías en el mismo municipio.

Es decir, el acuerdo da la opción, pero no la obligación, de controlar precios y de subir el IBI. Todo quedará en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

¿Cómo se va a pagar el bono joven de 250 euros al mes?

Además de estas dos medidas, el Ejecutivo aprueba un plan de ayudas a los jóvenes al margen de la nueva ley de vivienda.

Se ha puesto en marcha de un bono de 250 euros mensuales para que los jóvenes puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas. Beneficiará a jóvenes entre 18 y 35 años con ingresos por debajo de 23.725 euros y tendrá una duración de dos años.
Este bono de 250 euros se va a entregar a través de las Comunidades Autónomas porque el Estado central asegura que no puede dar estas ayudas directas, ya que está prohibido por legislación europea.
Las Autonomías pueden determinar si el cheque joven es por persona que habita el hogar o por vivienda, lo que podría dar la situación de que en una comunidad autónoma se den 250 euros a una vivienda compartida por tres jóvenes y que en otra cada joven reciba 250 euros, haciendo un total de 750.
Este es el bono joven base. Además, los jóvenes en situación de vulnerabilidad social podrán beneficiarse de una desgravación extraordinaria del 40% como subvención a su alquiler. Los jóvenes que estén por debajo del umbral de vulnerabilidad social (sobre unos 12.000-13.000 euros al año, aunque aún no está determinado) recibirán hasta un 40% de subvención para pagar el alquiler.
Tristemente, como ya pasado en otras Comunidades o ciudades, no se va a conseguir el objetivo que se pretende, sino que veremos caer las nuevas licencias de obra nueva si entra en vigor esta nueva norma.
En España ya vivimos lo mismo cuando se aprobó la renta antigua, que arrasó con el alquiler en las siguientes décadas.
Se trataría de una mala noticia para todas las personas que están en proceso de búsqueda de una nueva vivienda en alquiler. Las medidas que se proponen ya se han probado en otros mercados como Cataluña y no han funcionado. Es trasladar un error local a todo el Estado.
El control de precios de alquileres ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad.

Que Dios nos coja confesados……

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